Política

BLANQUEO LABORAL: INSISTE EL GOBIERNO CON AVAL CGT

La Casa Rosada y gremialistas reanudaron el tratamiento del proyecto que elimina multas a empleadores informales y garantiza hasta 5 años de aportes al personal blanqueado.

En silencio, el Gobierno y la CGT retomaron las negociaciones por la ley de blanqueo laboral. El debate había quedado en suspenso y se lo supuso frustrado por los cambios introducidos por el Ejecutivo al proyecto de ley a espaldas de la central obrera, pero recobró vida en medio de la escalada de protestas del sindicalismo opositor e incluso motivó reuniones en medio del paro nacional de este martes. Los sindicalistas involucrados dan por sentado que en esta ocasión se zanjarán las diferencias y la iniciativa se convertirá en ley.

Se trata de una serie de modificaciones a la legislación laboral destinadas a anular las multas administrativas y sanciones dinerarias previstas para los empleadores que tuviesen personal no registrado y quisieran formalizarlo. Pero, tal como anticipó este diario, el proyecto también contiene beneficios para los empresarios que no se adhieran al blanqueo y fuesen enjuiciados por sus trabajadores, al eliminar las penalidades y pagos extra en las indemnizaciones surgidas de sentencias. Además, el texto establece un aporte reconocido de hasta 5 años (60 meses) a los asalariados regularizados y exime de acciones penales a sus contratistas.

El proyecto impulsado por la administración de Mauricio Macri y presentado al Congreso por el senador oficialista Roberto Basualdo incorpora un capítulo de interés para los sindicalistas: crea una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (Agnet) cuyo propósito es contener los juicios de los afiliados contra sus obras sociales o prepagas al establecer, previo a la apertura de la instancia judicial, un dictamen de cumplimiento obligatorio por parte de ese organismo integrado por especialistas de todas las áreas de la salud.

La negociación se había empantanado por varias razones. Por un lado los abogados y dirigentes de la CGT, habían advertido de cambios incorporados a último momento por el Gobierno una vez alcanzado un virtual acuerdo sobre el texto final de la iniciativa. En particular, los relacionados al cálculo de los aportes reconocidos para los trabajadores involucrados en el blanqueo, así como el alcance de los beneficios a los empresarios sólo para los formalizados o bien para cualquier nuevo ingreso de personal. Sin embargo, una razón de fondo fue que el Gobierno demoró la publicación de las normas reglamentarias para la puesta en marcha del decreto 251 que debía, en los papeles, destrabar una deuda con las obras sociales por 32 mil millones de pesos. Hubo otro motivo más político: la “mesa chica” de la CGT prefirió dilatar la discusión para que no coincidiera con el paro de Hugo Moyano y los sindicatos opositores. Ese día, reconocieron cerca del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, hubo avances entre los técnicos de su cartera y los de la central obrera.

Los negociadores de ambas partes admitieron estar a las puertas de un acuerdo. Al igual que con la reforma laboral su tratamiento había sido condicionado por el PJ en el Senado a un guiño favorable previo por parte de la CGT. En aquella ocasión y en la actual Miguel Pichetto le aclaró al Gobierno que las iniciativas no pasarían de las comisiones si la central no lo autorizaba. La diferencia, en este caso, es que el texto no fue blanco –todavía- de las quejas de Moyano y cuenta con el aval de los “gordos” de los grandes gremios de servicios, los “independientes” de buen diálogo con Cambiemos y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), todos los sectores que aportaron abogados para pulir la escritura final.

Fuente: ámbito.com

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